Denuncia al Parlamento Europeo sobre la gran indefensión y abusos urbanísticos, ambientales e institucionales que sufrimos los ciudadanos de la Comunidad Valenciana
VALENCIA AMABLE
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Enviar petición firmada a la dirección siguiente:
Sr. Presidente de la Comisión de Peticiones en el Parlamento Europeo, Sr. Martin Libicki.
Presidente de la Comisión de Peticiones.
Parlamento Europeo.
B-1047, Bruselas - Belgica.
También se puede enviar por correo electrónico, al Jefe de la secretaría de la comisión de peticiones, David Lowe dlowe@europarl.eu.int
y por fax 0032 284 6844.
M A N I F I E S T O
Los ciudadanos de la Comunidad Valenciana queremos denunciar ante el parlamento europeo y las administraciones pertinentes la total situación de indefensión y de abuso a la que nos sentimos sometidos, a pesar de la emisión del informe Fortou. Todo ello en un escenario en el cual el gobierno de la comunidad autónoma tiene todas las competencias en materia de ordenación del territorio y planificación urbanística junto a los gobiernos locales. Esta situación se ha concretado en:
Los ciudadanos, aún siendo la mayoría de la sociedad, nos vemos acosados por un solo sujeto ?el urbanizador?, elemento que aún careciendo de terrenos propios o adquiridos puede forzar a los propietarios legítimos a entrar en su juego. La mayoría de las veces este juego es respaldado por los gobiernos locales justificando cínicamente su acción en nombre de nosotros los ciudadanos. En muchas ocasiones, la relación urbanizador-gobierno local es más estrecha de lo que cabría suponer a ?priori?. Este despropósito sirve para que ?todos? los gobiernos locales puedan sanear sus maltrechas economías, se han convertido de facto en macrourbanizadores y oficinas inmobiliarias con una ventaja, ?disponen de todo el suelo posible?, el de sus ciudadanos.
Las actuaciones desmedidas y difícilmente justificables ?en pro del progreso social? llegan a contemplar proyectos en cada pequeña población de hasta 3 y 4 campos de golf, eso sí con su respectiva urbanización de no menos de 2000 viviendas. Todas estas actuaciones urbanísticas no disponen ?de ninguna forma de recursos de abastecimiento suficientes? ni de una planificación de las necesidades posteriores. Además, estas actuaciones, por sus características, se ubican en zonas naturales, mermando y dañando gravemente el medio ambiente, dado que crean una red urbanística caótica y ?desordenada?.
Para poder ejecutar sus poco menos que sospechosos propósitos, el gobierno autonómico ha dado su respaldo mediante leyes hechas ?a la carta?, llámese LRAU o LUV. Por su parte los urbanizadores contribuyen acudiendo a la trastienda de las empresas que les redactan, ?a la carta?, como no podía ser menos, proyectos absurdos y muchas veces presentando contradicciones internas, que evidencian su interés de forma clara para así ?justificar la finalidad de sus clientes?.
Denunciar igualmente el apoyo que prestan ciertas ?infraestructuras? como carreteras de circunvalación de dudosa efectividad a poblaciones, con el único fin de servir de excusa para la recalificación de los terrenos entre estas y la población. Denunciar dentro de este ámbito y en el de ciertos proyectos urbanísticos el uso continuado de la ley conocida como de ?expropiación forzosa? que adolece de ser: extemporánea, fuera del marco de la constitución, estar desvirtuada al no existir ciertos mecanismos de aplicación y no respetarse otros calificados como de uso ?excepcional?. Consideramos que leyes como LRAU y la LUV son realmente un refinamiento de la ley de expropiación, cuya finalidad exclusiva es la de operar permitiendo disponer del suelo, como en un sistema comunista, para así beneficiar a los especuladores, que lo adquieren a precios bajos.
Las situaciones más extremas se han dado cuando ancianos se ven desalojados de su casa, eso si previa orden judicial, con indemnizaciones que no les posibilitan instalarse en una vivienda que les permita su independencia, anulando su capacidad de decisión y su libertad. Otros casos documentados son los de afectados que deben pagar más al urbanizador de lo que éste debe indemnizarles a ellos.
Hacer notar que ciudadanos y afectados nunca nos hemos opuesto, ni nos opondremos a que los municipios disfruten de ?un urbanismo adecuado? pero que el proceso urbanizador debe estar supeditado a las necesidades reales de los ciudadanos, a un uso correcto de los recursos existentes, a un control basado en la participación ciudadana de la planificación local, a que todos los beneficios incluso los económicos recaigan en los ciudadanos y no en una sola persona, a los principios de transparencia y ética y que en caso de proyectos de ?necesidad social? demostrada se salvaguarden los derechos de los propietarios no solo reconociendo el valor real de sus propiedades si no de la valoración de su esfuerzo en cada caso individual y de las molestias y menoscabos sufridos.
Por todo ello, solicitamos y rogamos al Parlamento Europeo y a todas las autoridades pertinentes que no se inhiban, y que actúen en consecuencia y que dentro de sus competencias y del más escrupuloso respeto a la legalidad internacional, procediendo a ejercer el control necesario para asegurarse y asegurarnos que se respetan los derechos legales de los propietarios, de los ciudadanos. Urge que se actúe, no solo tramitando el expediente sancionador ante el tribunal de Estrasburgo, sino abriendo nuevas diligencias y resoluciones que pongan fin a esta situación de acuerdo a las propias directivas europeas y a los principios democráticos de igualdad, justicia y libertad
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DNI:______________________
Domicilio:___________________________________________________
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Firma:
VALENCIA AMABLE
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