Ha ganado la abstención - por Juan Francisco Martín Seco

Tras cualquier consulta electoral parece que lo único que importa es saber qué formación política ha ganado y cuál ha perdido. Son pocos los que, trascendiendo la óptica partidista, se deciden a realizar un análisis en profundidad del significado de los resultados. Puestos a contestar a la pregunta, tendríamos que afirmar que en el referéndum del Estatuto de Cataluña ha ganado la abstención y han perdido todas las formaciones políticas. Bien es verdad que no todas de la misma forma porque, sin duda, la desautorización es mucho mayor para aquellos que han convocado el referéndum y nos han hecho creer que el problema más importante de Cataluña era el Estatuto y la independencia.

Si a la abstención le sumamos los votos en blanco, más del cincuenta y cinco por ciento del censo ha optado por no pronunciarse. No hay peor ciego que el que no quiere ver, cada uno puede retorcer los razonamientos como guste, pero con ello lo único que consigue es hacer el ridículo. Y el ridículo están haciendo ciertos periodistas y políticos que, llenos de voluntarismo, lanzan las campanas al vuelo. Hay que ver cómo manda la disciplina de partido, disciplina que también llega a los empleados de los medios de comunicación. Ahora todos son nacionalistas.

Ridículas son ciertas excusas que lo único que consiguen es confirmar el mal resultado obtenido. Para justificar la elevada abstención hay quien recurre a la que hubo en el referéndum de la Constitución europea. A buena parte van; es decir, que los catalanes tienen el mismo interés por su Estatuto que por la Constitución de la Unión Europea, pues ya está dicho todo. Otros han citado la escasa participación que se da en las elecciones americanas, concretamente en las primeras que dieron el triunfo a Bush. Buen ejemplo también de legitimidad democrática. Un sistema político en el que los ciudadanos pasan de ir a las urnas porque saben que, voten lo que voten, el resultado es parecido. No ha faltado quien ha buscado aún pretextos más chuscos, como achacar la abstención a los atascos en las carreteras de entrada a Barcelona.

En la misma línea se sitúan los que se han referido a la media de abstención con la que se aprobó el resto de los Estatutos de Autonomía; con ello se eleva el tiro y se hace más hondo el problema, porque lo que se deduce entonces es que todo el proceso autonómico ha carecido, quizás, de cobertura democrática. No ha obedecido a una necesidad real sentida de la sociedad española, sino que más bien ha sido impuesto por una clase política cuyos intereses y preocupaciones poco tienen que ver con los de los ciudadanos. Si ésta es la reacción en Cataluña, que es una de las comunidades con mayor sentimiento identitario, habrá que pensar que todo el andamiaje construido es artificial y forzado. ¿Cuál hubiera sido el resultado si antes de comenzar este proceso de Estatutos en cascada que inaugura el de Cataluña se hubiera hecho una consulta popular en toda España?

Especialmente preocupante es la reacción del presidente del Gobierno, mostrando un llamativo empecinamiento en su postura, que raya en el voluntarismo cuando no en el fundamentalismo. “El proceso estatutario —ha sentenciado— acerca más el poder a los ciudadanos”. Lo acerca tanto que más de dos terceras partes, incluso en Cataluña, se han desentendido de él. ¿Acaso puede pensar en serio que entre las aspiraciones y necesidades de la sociedad española está el contar con un Estado federal? “El pueblo ha hablado”, proclamó solemnemente. Me temo que, una vez más, al pueblo no se le ha dejado hablar, ya que nadie ha querido preguntar a la totalidad de los ciudadanos españoles, y no se les ha querido preguntar porque quizás se conocía perfectamente la respuesta. El señor presidente de Gobierno se ha constituido en su portavoz y representante, sin duda de forma legal, porque le han votado una mayoría de ciudadanos, pero con algo de trampa. Él sabe que en buena medida le votaron para traer las tropas de Iraq, ante el empecinamiento de otro presidente de Gobierno, y no para que cambiase radicalmente la estructura del Estado. Posiblemente haya sido un editorial del diario El País el que, tal vez sin pretenderlo, haya acuñado la frase más dura para él: “Si algo puede deducirse es que, a pesar de todo, el presidente del Gobierno se ha salido con la suya”. Esto es lo grave, que todo haya obedecido a un salirse con la suya, que no es la de los ciudadanos.

El señor Rodríguez Zapatero ha sostenido que el resultado de la consulta del domingo tiene toda la fuerza democrática. Se referiría, se supone, a que tiene toda la fuerza legal, porque la democrática es ya otro cantar. La legalidad no siempre se identifica con la legitimidad, y menos con la democracia. Una inhibición de más del cincuenta y cinco por ciento del electorado algo dice en cuanto al déficit democrático del sistema político. Una abstención tal no cuestiona el resultado de este referéndum, o el de la Unión Europea, o el de otras elecciones. Lo que pone en cuestión son las propias reglas de juego que hacen que los ciudadanos se desentiendan de las consultas electorales.

LA ESTRELLA DIGITAL

¡Viva la República! - por Juan Francisco Martín Seco

Con este mismo título publicaba Ortega, ya retirado de la política, un artículo en el año 34 poco después de celebrarse los comicios favorables a la derecha. El filósofo español, que se había caracterizado por criticar agriamente las actuaciones de los gobiernos del primer bienio republicano, quería dejar muy claro que todo ello no cuestionaba en absoluto la validez de la República, y no sólo como sistema político superior a la monarquía, sino la validez misma de aquella II República española.

Cuando se van a cumplir 75 años de su proclamación, es lógico que nos ocupemos de ella, sobre todo al escuchar tantas atrocidades. La radio de los obispos, haciendo retornar a la Iglesia -se quiera o no, es su emisora-a los tiempos del nacional catolicismo, nos intenta convencer de la perversidad intrínseca de esa etapa de gobierno, con lo que sin decirlo pretende justificar el golpe de Estado, la guerra civil y los cuarenta años de dictadura y represión que tuvo que sufrir la sociedad española.

En otras radios y en otros medios, que intentan pasar por más serios y tratan de evitar dar la misma imagen de agitadores de la ultraderecha que da la COPE, también se ha denigrado a la II República acusándola de haber dividido a la sociedad española. Difícilmente pudo hacerlo cuando esa división existía tiempo atrás y era muy anterior a su advenimiento. Cualquier historiador medianamente riguroso puede constatar la profunda desigualdad social, económica y política que caracterizaba en aquella época a nuestro país.

Puestos a recriminar, lo más que se puede decir es que la II República fue incapaz de aunar las dos Españas, tarea difícil cuando los estamentos y clases más privilegiados, incluyendo a la Iglesia, no estaban dispuestos a ceder un ápice en sus privilegios; y la otra España, condenada desde siempre a la miseria, la marginación y el silencio, tenía prisa, mucha prisa, para conseguir los derechos, aquellos derechos que durante siglos se le habían hurtado.

Cuando se relee la Constitución del 31, no se entiende que pueda tildarse de radical al régimen que la acuñó. Sorprende por su moderación, aunque a pesar de ello suponía un salto cualitativo muy importante en la sociedad española, señal inequívoca del atraso, oscurantismo e injusticia a los que tiempo atrás se la había confinado. La II República es el primer y único periodo en nuestra historia previo al que se abre en 1977 del que se puede predicar el atributo de democrático, no sólo porque con anterioridad el caciquismo y el turnismo habían adulterado todos los comicios, sino también porque hasta la II República no se instituyó el sufragio universal, es decir, las mujeres estaban excluidas de las elecciones.

La Constitución del 31, vista con la perspectiva actual, significa un paso importante hacia la modernidad. Es una constitución liberal que reconoce de manera amplia los derechos y libertades individuales (incluido el derecho a la propiedad privada), aunque se adelanta a otras constituciones estableciendo compromisos sociales por los cuales el Estado debe proporcionar los medios que garanticen un acceso general a la educación, la sanidad o la vivienda, y que prefigura lo que después de la Segunda Guerra Mundial se denominará en Europa el Estado del bienestar. Se trata de una constitución laica que desde una óptica moderna intenta la separación de Estado e Iglesia, consciente del papel retardatario que había jugado ésta en el progreso social de nuestro país.

La República pretendió también dar respuesta en lo posible al problema territorial, pero teniendo muy claro que los derechos de los ciudadanos y el interés de la propia República estaban por encima de los supuestos derechos históricos de los pueblos. Causa estupor comparar el Estatuto de Autonomía de Cataluña aprobado en 1932 con el que se está tramitando actualmente. Decía aquel estatuto en su art. 1 que Cataluña se constituye en región autónoma dentro del Estado español, y en el art. 2 que el idioma catalán es, como el castellano, lengua oficial en Cataluña. Para las relaciones oficiales de Cataluña con el resto de España, así como para la comunicación de las autoridades del Estado con las de Cataluña, la lengua oficial será el castellano. Y por último, en el art. 3 se establece que los derechos individuales son los fijados por la Constitución de la República española. La Generalidad de Cataluña no podrá regular ninguna materia con diferencia de trato entre los naturales del país y los demás españoles. ¿Se puede tildar a este régimen de radical?

El afán modernizador de la República se manifestó en reformas imprescindibles en aquel momento tales como la reforma agraria y la del ejército, o la de la legislación laboral, con incrementos muy importantes aunque insuficientes del presupuesto del Instituto Nacional de Previsión. En general, se puede afirmar que la República fue ante todo una promesa, promesa frustrada en parte por la inexperiencia de los gobernantes, en parte por la impaciencia de los que deseaban que las reformas se ejecutasen a mayor velocidad, pero principalmente por la oposición de los privilegiados, que no estaban dispuestos a perder sus prerrogativas y regalías, y que pusieron todo tipo de obstáculos y no pararon hasta derribarla por el innoble procedimiento de movilizar a los espadones.

No hay por qué negar que durante el periodo republicano se cometieron excesos, y en algunos casos atrocidades. Se puede aceptar incluso que los respectivos gobiernos incurrieron en errores, ¿qué gobierno no los comete? Pero todo ello hay que juzgarlo y entenderlo en el contexto de la época, la injusta situación social, una sociedad escindida en clases mortalmente enfrentadas, un analfabetismo muy extendido y con los movimientos fascistas en ascenso en toda Europa. La República necesitaba tiempo para asentarse, para que las distintas reformas fuesen dando su fruto y pacificar así la sociedad, pero eso precisamente es lo que no querían los que movilizaron al ejército para el golpe de Estado.

Hoy, algunos se empeñan en reescribir la Historia y nos cuentan esa milonga de que el golpe de Estado lo dio la izquierda en 1934. Se confunde revolución con golpe de Estado. La primera es desde abajo; el segundo, desde arriba. Una cosa es que parte del proletariado, en una clara situación de indigencia y privado de casi todos sus derechos, desconfiase de los regímenes parlamentarios, cuando hasta entonces todos ellos habían sido una farsa, y se inclinase por la violencia como único método de transformación social; y otra muy distinta, que una clase privilegiada, valiéndose de su situación de preeminencia, movilizase al ejército en contra de la propia nación a la que debía defender. La revolución del 34 fue un acontecimiento limitado a parte de la izquierda y únicamente a dos regiones, Cataluña y Asturias, donde el anarquismo estaba muy extendido. Estaba condenada al fracaso, como así fue. Carece de todo sentido responsabilizar de ello a la República, en todo caso habría que hacerlo a un gobierno que pretendía desmantelar las escasas reformas que hasta entonces se habían realizado. La revolución no constituyó ningún peligro serio para el sistema establecido. De cualquier modo, la sublevación militar no se hizo para defender a la República de las hordas revolucionarias, sino para derribarla e instaurar un régimen despótico y sanguinario, y encerrar a la sociedad española durante cuarenta años en el oscurantismo.

La Estrella Digital