03 mayo 2006

¿Injustas las nacionalizaciones bolivianas? - por Jaime Richart

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Repsol califica de "injusta" la nacionalización del petróleo. ¿Injusta la nacionalización del petróleo por Bolivia? Me alegro de que me haga vd. esa pregunta...  

¿Da derecho a Repsol a hablar de medidas injustas por­que ha creado 300 empleos directos y 3.000 indirectos desde 1997, cuando Repsol ha tratado y extraído, registrán­dolos como propios en los registros correspondientes, parte de los filones petroleros bolivianos? ¿Nos quiere informar Repsol a dónde han ido a parar los beneficios de la inver­sión de 1.080 millones de euros en el país andino desde ese mismo año?

¿Le parecería a Repsol injusta la nacionalización de las bases de Morón y Rota, hartos los gobernantes de este país de que los americanos no hayan pagado un euro del arren­damiento desde los tiempos de Carolo, incluso habiéndolo pagado? ¿O la nacionalización de las minas de azogue de Almadén en 1954, o de las de cobre de Río Tinto en 1921 que fue­ron explotadas, éstas, sucesivamente por alemanes e ingleses? ¿Le parecería injusto que la riqueza natural que corresponde a todos los es­pañoles, por rentas cuyo fruto pocos veían salvo si acaso unas centenas de trabajadores de nacionalidades diversas, permaneciera en manos de sus explotadores extranjeros?

Que un depredador, una sociedad depredadora o un país depredador invoquen ?injusticia? porque los naturales de ese país donde han estado haciendo mangas y capirotes a ve­ces durante siglos, no sólo es un sarcasmo. Es que re­trata a sus administradores como félidos, mamíferos carniceros que, en el reino animal, se arrogan el dere­cho a depredar y a ser respetados porque aban­donan las sobras a unos cuantos carroñeros.

¿Por qué digo a menudo que me avergüenzo de ser espa­ñol y que me niego o­ntológicamente a serlo? Por esta mentalidad predomi­nante de país flojo de carácter, pro­penso, por unos motivos o por otros, a ser obsequioso hasta la náusea con el pode­roso del momento e implacable con los que supone débiles. Por esa arrogancia no basada en una hipotéticamente supe­rior inteligencia colectiva, sino en las mañas retóricas y de las otras de los abundantes pícaros que se crían por aquí. Por esa estúpida interpretación en este país de lo justo y de la justicia, que pasa por la dificul­tad insuperable de ver en ?el otro? a un igual y en la Natura­leza la casa propia que hay que cuidar y mimar.

Estas declaraciones de Repsol calificando de injusta la nacionalización del petróleo boliviano les delata como insu­fribles y miserables empresarios del país ultracapitalista que es España.

Esos empresarios, la mentalidad de ese tipo de empresa­rios, la suma de esos empresarios, dentro de un sistema demoledor, tritu­rador y devasta­dor como es el capitalismo al uso, son los responsables y culpables de que en un minuto, el tiempo que más o menos puede uno tardar en lavarse las manos, mueran en el mundo 10 niños menores de cinco años por causa del ham­bre: más de cinco millones de niños al año. Esos empresa­rios son los causantes, responsables y culpa­bles de que 16.000 especies se encuentren en el um­bral de la extinción.

Y luego barbotearán y nos maldecirán a los que suspira­mos por regímenes racionales de for­mato colectivista en los que la inteligencia humana se sitúa en otras capaci­dades y miras: justamente en dirigir precisamente la inteli­gencia de los más inteligentes a suplir las deficiencias natu­rales que pueda haber en la inteligencia de los otros... en provecho de todos y de todos los seres vivos.

(*) Jaime Richart es Profesor de Derecho Constitucional

Artículo de opinión publicado en KAOSENLARED - Información libre y alternativa


La fiscalía general recibe doce causas por delito urbanístico - por Lydia Garrido



EL PAÍS - 28/04/2006

Ricard Cabedo, fiscal jefe de Valencia, comunicó ayer a Cándido Conde-Pumpido, fiscal general del Estado, las diligencias practicadas en cuatro asuntos abiertos por posible delito urbanístico, dos son investigaciones iniciadas por la fiscalía tras recibir la oportuna denuncia y otras dos están siendo tramitadas en los juzgados. Cabedo responde así a una orden de Conde-Pumpido. Estas cuatro investigaciones se suman a las ocho que remitiera el pasado lunes el fiscal jefe de Alicante, Juan Antonio Romero.

La orden de Conde-Pumpido trasladó la pasada semana a las fiscalías la obligatoriedad de comunicar el desarrollo de las diligencias de investigación en los casos de delitos relacionados con la ordenación del territorio que supuestamente hubieran cometido funcionarios o bien órganos de la Administración Pública.

Cándido Conde-Pumpido solicitó la información a las distintas fiscalías después de que estallara en Marbella el caso conocido como Operación Malaya. Además, la fiscalía general del Estado pretende así conocer el volumen de trabajo y estudiar la conveniencia del nombramiento en Valencia de un delegado de la Fiscalía Especial para la Represión de Delitos Económicos relacionados con la Corrupción.


Otros 'marbella'

El fiscal jefe reconoció el empeño que desde la Fiscalía General se ha expresado por focalizar si cabe aún más la atención sobre los asuntos urbanísticos que impliquen a funcionarios tras el escándalo andaluz con la intención de poner el máximo de recursos y servicios posibles para destapar otro "marbella", dijo el fiscal jefe, "si es que lo hay" o evitar que pudiera producirse.

La Fiscalía incoó durante el pasado año un total de 161 expedientes (30 de ellos pendientes de 2004) por supuestos delitos relacionados con el medio ambiente y con la ordenación del territorio en esta provincia, de los cuales se resolvieron 153. El Ministerio Público observó la posible existencia de delito en 80 de esos expedientes, por tanto, presentó las correspondientes denuncias ahora en oficinas judiciales.

De las 161 causas, 63 corresponden a delitos relacionados con la ordenación del territorio, 64 con el medio ambiente, uno con el patrimonio histórico, 17 con incendios forestales, 7 relativos a la fauna y flora, y 9 con el consumo.

Asimismo, de los 80 en los que ha observado delito, 43 corresponden a delitos de ordenación del territorio, 20 de medio ambiente, uno de patrimonio histórico, 8 relativos a incendios forestales, 2 de fauna y flora y 6 relacionados con el consumo.

Los datos de la actividad realizada el pasado año en la provincia de Valencia en materia de posible delito urbanístico ha sido también remitida al fiscal de Sala de Medio Ambiente y Ordenación del Territorio para que estudie si es necesario el nombramiento de un fiscal específico para estos casos.


Nota: 

Las peticiones a la Fiscalía las ha presentado Cercle Obert de Benicalap, que lleva como unos 5 años denunciando y aportando numerosos documentos sobre los innumerables casos de corrupción...

¿Qué hace mientras tanto la famosa y desaparecida Federación de Asociaciones de Vecinos de Valencia?

AMBIENTUM
VALENCIA AMABLE

Control de la información científica

Suprime resultados de investigaciones que no le gustan, denuncian especialistas

Intenta Bush control sistemático y obsesivo de la información científica

Sus esfuerzos por eliminar evidencias sobre el cambio climático, son los más conocidos, dicen

Cientos de estudios son cuestionados por considerar que afectan intereses políticos o económicos

IPS

Toronto, 26 de abril. Los intentos sin precedente del gobierno del presidente George W. Bush por silenciar y suprimir resultados de investigaciones que no le gustan están poniendo en peligro la ciencia en Estados Unidos, denuncian especialistas.

El caso de James Hansen, experto en cambio climático de la Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio (NASA), quien reveló en enero que fue censurado por el gobierno, es la más reciente evidencia de la incomodidad de la Casa Blanca con científicos que discrepan de sus posturas en temas ambientales.

En 2004 un prominente grupo de científicos, que incluyó 20 premios Nobel y 19 galardonados con la Medalla Nacional de la Ciencia, firmaron una carta abierta que acusó al gobierno de Bush de tergiversar deliberadamente hechos científicos con "fines político-partidarios".

La prestigiosa Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos también exigió en 2004 dejar de preguntar a los especialistas si apoyan a Bush cuando son entrevistados para integrar comités de asesoramiento científico.

En 2002, el biólogo Mike Kelly, del Servicio Nacional de Pesquerías Marinas, dimitió tras las presiones que recibió para habilitar un mayor bombeo de agua para irrigación desde el río Klamath, en Washington, que beneficiaría a los partidarios locales de Bush y a contribuyentes de agronegocios.

"Querían que hiciera algo ilegal y renuncié"

El análisis de Kelly mostró claramente que reducir el agua del río dañaría al amenazado salmón coho (Oncorhynchus kisutch), protegido por las leyes estadunidenses. "Querían que hiciera algo ilegal y renuncié", dijo Kelly a Tierramérica.

Figuras políticas, entre ellas el consejero político de la Casa Blanca Karl Rove, remplazaron el análisis de Kelly y el agua fue desviada del río. Al año siguiente, más de 30 mil salmones cohos adultos y cientos de miles jóvenes murieron a causa de los bajos niveles del agua, según el especialista.

"Cuando el gobierno de Bush obtiene una respuesta científica que no le gusta, la elimina o la cambia", aseguró Kelly, quien trabajó 10 años en la dependencia pesquera de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmósférica (NOAA, por sus siglas en inglés).

"Hay un intento sistemático y obsesivo de controlar información, sin importar lo que la ciencia encuentre", afirmó Jeff Ruch, director ejecutivo de Empleados Públicos para la Responsabilidad Ambiental.

"Cientos de importantes estudios científicos e informes de campo locales son cuestionados por razones extracientíficas", como cuando los hallazgos científicos contradicen intereses políticos o corporativo-empresariales, dijo Ruch.

Los torpes intentos del gobierno de Bush por eliminar las evidencias científicas en torno del cambio climático, provocado por el calentamiento global, son los más conocidos.

En septiembre de 2002, funcionarios políticos, entre ellos algunos que antes presionaron en favor de compañías petroleras, eliminaron una sección sobre calentamiento global del informe anual de la Agencia de Protección Ambiental (EPA).

En junio de 2003, las demandas de cambios extensivos en una sección sobre calentamiento global de otro informe de la EPA obligaron a esa agencia a suprimir la sección completa.

En el otoño pasado, funcionarios del gobierno ordenaron al prominente especialista James Hansen, de la NASA, que eliminara datos de Internet que sugerían que 2005 podría ser el año más cálido del que se tuviera registro.

Control en la relación con la prensa, una de las medidas

Pronto se demostró que Hansen tenía razón, y acudió en enero a los medios de comunicación para denunciar los muchos intentos de impedirle hablar sobre el cambio climático.

"A Hansen no se le permitía hablar con periodistas sin permiso, mismo que le fue denegado varias veces", afirmó Tom Devine, director legal del la organización no gubernamental Proyecto para la Responsabilidad del Gobierno.

"Y cuando se le permitía hablar, se suponía que debía presentar la otra cara (del asunto) o enfrentar severas consecuencias", dijo Devine. "Es una intimidación sin precedente, diferente a todo (lo que he visto) en mis 27 años en dicho proyecto." También es ilegal, conforme las leyes estadunidenses que protegen a denunciantes de prácticas corruptas dentro de su organización e impiden que los gobiernos silencien a sus empleados. Sin embargo, la mayoría de los científicos no conocen las leyes y rara vez luchan contra los intentos de amordazarlos, dijo.

"Nunca vi nada que se acercara al grado de control sobre la información que fluye de los científicos al público como el que hay ahora", afirmó recientemente Hansen, que ahora es uno de los clientes del proyecto.

Las consecuencias de este abuso son funestas, según Michael Halpern, quien preside el Programa de Integridad Científica de la estadunidense Unión de Científicos Comprometidos. "Esta tergiversación de la ciencia está debilitando lo que ha sido una parte enorme del éxito económico de Estados Unidos", dijo Halpern.

También genera muertes innecesarias, dijo. Funcionarios políticos de la EPA, a menudo provenientes del mundo de la industria, han desoído recomendaciones formuladas por científicos al establecer nuevas reglas de contaminación del aire en relación con emisiones de mercurio y hollín.

También en la Administración de Drogas y Alimentos, empleados eliminaron investigaciones que revelaban que el popular analgésico Vioxx estaba vinculado a 139 mil ataques cardiacos y derrames cerebrales.

Funcionarios designados por Bush no sólo han desarrollado reglas favorables a las empresas, sino también las elaboraron con base en su conservadurismo religioso, aseguró Halpern.

En la Administración de Drogas y Alimentos invalidaron comisiones científicas y denegaron el acceso público a un anticonceptivo de emergencia llamado Plan B. Y en el gubernamental Instituto Nacional del Cáncer han sugerido que existen vínculos entre el aborto y el cáncer de mama, pese a que no hay una conexión científica, afirmó.

"Los políticos necesitan acceder a información científica precisa e imparcial", opinó Halpern. "Enfrentamos un problema sin precedente que amenaza a la democracia estadunidense", puntualizó.

LA JORNADA - 27 de abril